Transparencia Venezuela retrata el impacto de la corrupción en el sistema sanitario venezolano

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El patr√≥n de gran corrupci√≥n instaurado en Venezuela, durante las dos √ļltimas d√©cadas, es el causante de la Emergencia Humanitaria Compleja que padecen los ciudadanos, en especial los sectores m√°s vulnerables de la poblaci√≥n. Este fen√≥meno, que supera en magnitud al registrado en cualquier pa√≠s de Am√©rica Latina, tiene un grave impacto sobre los derechos humanos de los venezolanos. El sistema sanitario ha sido uno de los m√°s perjudicados por la desviaci√≥n de recursos y fondos p√ļblicos. La pandemia por COVID-19 ha profundizado la crisis y ha puesto en relieve la escasez de medicamentos e insumos m√©dicos, la falta e inoperatividad de equipos esenciales, y el deterioro general de la infraestructura hospitalaria. Estas fallas y carencias constituyen una seria amenaza a la salud y la vida de los venezolanos. Todo ello ocurre pese a los reiterados anuncios de planes, proyectos e inversiones milmillonarias en rehabilitaci√≥n y construcci√≥n de obras, adquisici√≥n de f√°rmacos e insumos y equipamiento de los centros de atenci√≥n.

Esta realidad es analizada por Transparencia Venezuela en el informe Salud en Venezuela. Cuando la corrupci√≥n es el virus, estudio que identifica una tipolog√≠a del fen√≥meno en el sector y expone una selecci√≥n de casos, como resultado del seguimiento al sistema sanitario, investigaciones abiertas por autoridades nacionales y extranjeras; as√≠ como a los hallazgos de indagaciones realizadas por reconocidos medios de comunicaci√≥n, tras superar la opacidad y las restricciones impuestas por las autoridades en el acceso a informaci√≥n p√ļblica.

En los casos inventariados en el informe destaca la participaci√≥n de militares y altos funcionarios del ministerio de Salud, institutos aut√≥nomos y empresas estatales. Los funcionarios -muchos de ellos provenientes del sector castrense- se presume que habr√≠an actuado en complicidad con due√Īos de empresas, y usado cuentas en diferentes pa√≠ses para lograr contratos millonarios de importaci√≥n, fabricaci√≥n y transporte de medicinas, materiales o equipos m√©dicos, as√≠ como contratos de obras. El estudio, aunque no da cuenta de todos los casos de corrupci√≥n ocurridos, permiti√≥ hacer estimaciones sobre la p√©rdida de recursos sufrida por el pa√≠s en estas operaciones. El da√Īo ocasionado se incrementa cuando se considera que contratos de gran envergadura, como la construcci√≥n y remodelaci√≥n de infraestructuras hospitalarias o complejos farmac√©uticos, al igual que el mantenimiento de equipos m√©dicos de alto costo, quedaron inconclusos o presentan fallas.

En el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situaci√≥n de Venezuela, de julio de 2019, se denuncia el cr√≠tico escenario del derecho a la salud, vinculado a ‚Äúuna falta generalizada de disponibilidad y acceso a f√°rmacos y tratamientos esenciales; al deterioro de las condiciones en hospitales, cl√≠nicas y maternidades, a la falta de factores subyacentes determinantes de la salud‚ÄĚ. Igualmente, un grupo de expertos y 10 organizaciones civiles presentaron ante una audiencia concedida por la Comisi√≥n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un dram√°tico informe sobre el impacto de la corrupci√≥n en la vulneraci√≥n del derecho a la salud y la vida de los venezolanos, en el contexto de la pandemia por COVID-19. En esa oportunidad, solicitaron a la instancia internacional priorizar las denuncias de violaci√≥n de derechos humanos como consecuencia de la corrupci√≥n en Venezuela.

Un drama humano

‚ÄúLa corrupci√≥n mata‚ÄĚ, una de las expresiones utilizadas durante la audiencia en la CIDH, se evidencia en las cifras que recoge el informe Salud en Venezuela. Cuando la corrupci√≥n es el virus. Los hospitales presentan deficiencias graves como consecuencia de proyectos de construcci√≥n, rehabilitaci√≥n o equipamiento que no cumplen con los est√°ndares necesarios. La llegada de la pandemia aument√≥ las alarmas, pues no ha habido un mantenimiento preventivo y correctivo en las edificaciones y equipos. Esta realidad hizo que, entre mediados de 2018 y finales de 2019, fallecieran 4.858 personas en los recintos de salud por causas evitables. Solo en el hospital J.M. de los R√≠os, durante el primer semestre de 2019, murieron seis ni√Īos que esperaban por trasplante de m√©dula.

A propósito de la emergencia sanitaria, uno de los aspectos que más ha preocupado a los ciudadanos es la disponibilidad de camas en los centros de atención. Aunque Jorge Rodríguez, entonces responsable de la cartera de Comunicación e Información de Nicolás Maduro, afirmó que en el país hay más de 23.000 camas hospitalarias, un informe elaborado por el ministerio de Salud en marzo de 2020, al que tuvieron acceso medios venezolanos, refiere que en los centros centinela existen 8.306, de las cuales solo 943 estarían operativas para pacientes de COVID-19, entre ellas 339 camas ventiladas y 707 de aislamiento para casos con complicaciones.

Las fallas de servicios básicos como agua, electricidad y combustible que agobian a la población de todo el país, golpean especialmente al sector salud. Un ejemplo de ello es el apagón registrado en marzo de 2019, que dejó a más de 90% del territorio sin energía eléctrica. Hospitales que debían contar con plantas auxiliares para responder ante interrupciones del servicio quedaron a oscuras, lo que provocó la muerte de más de 20 pacientes, de acuerdo con la organización Médicos por la Salud. Otra arista del problema es la fuga de talentos, pues entre los más de 5 millones de venezolanos que han emigrado para escapar de la crisis, para septiembre de 2019 había más de 30.000 médicos.

La dimensi√≥n del da√Īo causado por la corrupci√≥n al sistema sanitario en Venezuela se hace m√°s evidente al comparar los indicadores b√°sicos de salud registrados en los √ļltimos a√Īos con los de otros pa√≠ses de la regi√≥n. Pese a que en 2015 el ministerio de Salud interrumpi√≥ la difusi√≥n de actualizaciones semanales sobre indicadores relevantes, los datos que a√ļn reporta a la Organizaci√≥n Panamericana de la Salud (OPS) y registros de organizaciones de la sociedad civil dan cuenta de la reaparici√≥n y expansi√≥n de enfermedades como la malaria, sarampi√≥n y tuberculosis; el incremento de infecciones por VIH y de la mortalidad materna e infantil. Seg√ļn la OPS, el n√ļmero de casos de tuberculosis informados en Venezuela aument√≥ de 6.000 en 2014 a 11.394 en 2018. Los m√°s afectados son los presos y los pueblos ind√≠genas. Mientras que, entre 2009 y 2018, el n√ļmero de casos de malaria tuvo un alza de 1.000%, al pasar de 36.556 a 404.924.

La peor parte se la llevan las personas con enfermedades cr√≥nicas potencialmente mortales. Cifras de Codevida (Coalici√≥n de organizaciones dedicadas a la defensa del derecho a la salud y a la vida) revelan que la falta de medicamentos pone en riesgo a los 300.000 pacientes cr√≥nicos que hay en el pa√≠s, ente ellos trasplantados, hemof√≠licos, oncol√≥gicos, con esclerosis y Parkinson. Asimismo, en las √ļltimas d√©cadas, los pacientes renales no han dejado de protestar exigiendo respeto a sus derechos. Sin embargo, cerca de 5.000 venezolanos en di√°lisis murieron entre 2017 y 2019, seg√ļn datos del exministro y presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Carlos Rotondaro.

Sospechosos habituales

El seguimiento detallado y la sistematizaci√≥n de casos han permitido detectar 14 principales mecanismos de corrupci√≥n en el sistema sanitario. Uno de ellos es la captura de las pol√≠ticas del sector, que se expresa en la presencia de individuos, compa√Ī√≠as y grupos poderosos que usan la corrupci√≥n para influir en las decisiones del √°rea, en beneficio de sus intereses privados. En este contexto, sobresale la designaci√≥n en altos cargos y la asignaci√≥n de contratos a militares. Los cuatro castrenses que estuvieron al frente del ministerio entre 2007 y 2013 (Jes√ļs Mantilla, Carlos Rotondaro, Luis Reyes Reyes y Eugenia Sader) han sido investigados por cometer actos irregulares en sus cargos.

Otra modalidad de corrupción identificada en la investigación es la distribución de medicinas como instrumento de control político. En los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro se ha empleado la prestación del servicio de salud y la entrega de medicamentos a cambio de lealtad para garantizar su permanencia en el poder político. El gobierno también instauró el Carnet de la Patria, sistema de identificación ligado al Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) al que pertenece el gobierno. El programa se ha utilizado para intimidar a los ciudadanos más desfavorecidos que dependen del sistema sanitario estatal, a quienes exigen fidelidad política, en especial durante procesos electorales.

Tambi√©n son muestras de corrupci√≥n las compras innecesarias o ineficaces efectuadas por el ministerio de Salud y el Sefar, as√≠ como la firma de contratos ama√Īados que presuntamente favorecieron intereses particulares. Una investigaci√≥n period√≠stica que compar√≥ el monto de las compras realizadas por la Corporaci√≥n Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) con el precio promedio con el que instituciones en cuatro pa√≠ses de la regi√≥n adquirieron los mismos productos, revel√≥ que cuatro empresas extranjeras vendieron materiales e insumos m√©dicos a Venezuela a precios por encima de su valor real. El esquema involucra al menos US$ 11,3 millones, entre 2016 y 2018.

De igual modo, la selección preferente de contratistas se evidencia en la denuncia formulada en 2018 por el diputado Winston Flores, sobre el presunto desvío de US$ 100 millones por hechos de corrupción dentro del IVSS durante la gestión de Rotondaro. Flores aseveró que los implicados en este caso tenían el manejo de las compras de materiales de diálisis, medicinas de alto costo para pacientes con cáncer, inmunosupresores y VIH.

Otro caso notorio es el de la exministra Eugenia Sader. En 2014, tras diversas denuncias realizadas por diputados, organizaciones de la sociedad civil y periodistas, y debido a la magnitud del esc√°ndalo, el Ministerio P√ļblico la imput√≥ por la presunta comisi√≥n de los delitos de peculado doloso, sobregiro presupuestario y asociaci√≥n para delinquir. Una investigaci√≥n penal determin√≥ que incurri√≥ en presuntas irregularidades en la contrataci√≥n de empresas para la construcci√≥n de 6 hospitales de alta tecnolog√≠a. El monto involucrado en estos centros, que nunca fueron concluidos, es de US$663,6 millones.

Por otra parte, de la entrega de contratos incumplidos destaca la asignaci√≥n de US$627 millones para la remodelaci√≥n de 62 hospitales durante la gesti√≥n de Jes√ļs Mantilla. Mientras manejaba los recursos, Mantilla se autodesign√≥ presidente de la Fundeeh, ente que se encarg√≥ de la ejecuci√≥n de las obras, sobre las cuales fueron denunciadas numerosas irregularidades por la Contralor√≠a General de la Rep√ļblica.

Otras modalidades de corrupción detectadas en el estudio son el robo y desvío de productos a menor escala, el contrabando de medicinas, los pagos informales de los pacientes para recibir atención y el ausentismo laboral en los centros de salud, acentuada por la escasez de combustible. Asimismo, la investigación incluye casos de gran corrupción en la importación y traslado de medicinas, así como de la creciente presencia de médicos-milicianos en los centros hospitalarios con el impulso al programa denominado Médicos Integrales Comunitarios (MIC) y la Misión Médica Cubana.

Da√Īo incuantificable

La crisis humanitaria compleja en Venezuela ha hecho que la gran mayor√≠a de los ciudadanos dependa del sistema de salud p√ļblico, uno de los peores del hemisferio. La discrecionalidad y el secreto en el manejo de los recursos convierten a este sector en una caja negra que dificulta estimar cu√°nto da√Īo se ha hecho al patrimonio de la naci√≥n. No obstante, estudios de la Comisi√≥n de Contralor√≠a de la Asamblea Nacional alertan sobre una p√©rdida de m√°s de US$ 350.000 millones en las √ļltimas dos d√©cadas, desfalco que la justicia del pa√≠s se ha negado a investigar y procesar, por lo que ha reinado la impunidad.

De igual manera, c√°lculos realizados para el informe de Transparencia Venezuela determinaron que, entre 2003 y 2019, los gobiernos de Hugo Ch√°vez y Nicol√°s Maduro destinaron al ministerio de Salud y a la misi√≥n Barrio Adentro, creada para impartir atenci√≥n primaria en las zonas m√°s vulnerables, alrededor de US$ 80.000 millones. La investigaci√≥n ayuda a hacer estimaciones sobre la p√©rdida sufrida por el pa√≠s en, al menos, 17 casos de presunta gran corrupci√≥n que han sido denunciados por √≥rganos de investigaci√≥n penal, nacionales y extranjeros. Solo en los expedientes referidos, el patrimonio p√ļblico comprometido sobrepasa los US$ 5.000 millones. De ese monto se destin√≥ a la Fundeeh, desde su creaci√≥n en 2016 hasta 2019, cerca de US$ 2.300 millones. Sin embargo, durante los a√Īos que rindieron cuentas, no lograron cumplir 60% de las metas previstas.

En conclusi√≥n, los tipos de corrupci√≥n presentes en el sector salud corresponden al modelo de cleptocracia que se ha consolidado en el pa√≠s. La opacidad y la impunidad caracter√≠sticas de este modelo se sustentan en el desmontaje del control del parlamento, la cooptaci√≥n de los poderes p√ļblicos y la reestructuraci√≥n del andamiaje legal en la gesti√≥n p√ļblica, incluidos los decretos de estado de emergencia que han permitido al Ejecutivo establecer mecanismos excepcionales de supervisi√≥n, control y seguimiento, de procura nacional e internacional de recursos; obtenci√≥n y suministro de la materia prima, producci√≥n de los rubros esenciales y fijaci√≥n de precios, adem√°s de la comercializaci√≥n y distribuci√≥n de los productos estrat√©gicos del sector. Lo mismo ocurri√≥ con el Decreto de Alarma dictado el 13 de marzo de este a√Īo en ocasi√≥n de la pandemia por COVID-19, que nuevamente facult√≥ al Ejecutivo a adoptar medidas urgentes en materia de compra de medicamentos y trajes de protecci√≥n para de salud, as√≠ como de producci√≥n de medicamentos y edificaciones hospitalarias. Pero, por el contrario, el decreto ha servido tambi√©n para perseguir a periodistas, ciudadanos y a trabajadores de la salud que han denunciado las deficiencias y carencias del sistema sanitario para hacer frente a la crisis.

Por transparencia.org.ve

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